Dice un micro-relato del genial Augusto Monterroso: "Erase una vez un hombre tan pequeño tan pequeño que no le cabía la menor duda". Creo que muchos de los comentarios expresados estos días, en torno a la concesión del Premio Euskadi de ensayo en euskera a una obra de Joseba Sarrionandia, sufren de esa pequeñez monterrosiana, por la vía de cerrarse a la interrogación. Me refiero esencialmente a aquellos que consideran incomprensible que la Consejería de Cultura haya decidido retener el pago del mismo hasta que el autor de la obra ganadora -ex miembro de ETA, fugado de la cárcel en 1985 y en la actualidad en paradero desconocido-regularice su situación con la justicia.
Creo que a esa decisión de Cultura hay que reconocerle, como mínimo, el mérito de haber sembrado en este caso la duda o de haber abierto el asunto a debate; y de haber evitado así que adquiriera el estatuto de "aquí no ha pasado nada" o la categoría de normalidad que de otra manera hubiese tenido. Demasiado tiempo hemos aceptado, o soportado, como normales, muchas anormalidades. Y lo normal en este caso es interrogarse, mostrar reservas, oponer objeciones a que, al margen de la concesión del galardón a la obra, el premio se haga efectivo a su autor.
Y me parece importante distinguir los dos ámbitos. No tengo nada que objetar a la decisión del jurado -le supongo la profesionalidad y el criterio crítico adecuados- de premiar Moroak gara behelaino artean? Tampoco creo que haya que insistir en que muchas veces la estatura de una obra no coincide, ni en alto ni en bajo, con la de su autor; y en que la historia literaria nos ha dado ejemplos de ese desfase en sus dos sentidos. Lo que creo que puede y debe sostenerse es la negativa pública a pagar el dinero de ese premio hasta que determinadas cuestiones se aborden y se regularicen, y ello sobre la base de dos tipos de argumentos.
El primero, de orden eminentemente formal. Cualquier ciudadano vasco que se relacione con la Administración y sus dineros -es decir, con el dinero de todos- está sometido a diferentes trámites de transparencia de vecindad, fiscalidad, estatuto laboral...A Sarrionandia deben aplicársele las mismas exigencias de claridad y actualidad administrativas que al resto de la ciudadanía. El segundo y fundamental, de orden ético, de moral civil. ¿Puede alguien que ha desafiado de modo tan radical los principios democráticos y a la sociedad que los sustenta, recibir de ésta un premio? ¿Puede ser premiado en nombre de lo público quien ha atacado de una manera tan radical la convivencia de todos, la existencia de lo común? Personalmente creo que no. Que la sociedad vasca puede exigirle a Sarrionandia, antes de hacerle efectivo el premio que ha obtenido su obra, una actualización de su estado de pertenencia a la misma, esto es, de respeto a sus instituciones (también judiciales) y de adhesión a sus fundamentos democráticos. Una regularización cívica definida y definitiva.
Artículo aparecido el pasado 10 de octubre en El País.