La intervención de Julian Assange desde el balcón de la Embajada de Ecuador en Londres y sus repercusiones en el debate político y diplomático internacional creo que merecen abordarse y analizarse interrogativamente. ¿A alguien que se encuentra en la situación de tener que comparecer ante la Justicia de un país democrático para responder, desde un estatuto reconocido de presunto inocente, de unos cargos de Derecho común que están recogidos en un Código Penal; a una persona en esa situación puede aplicársele propiamente la condición formal, o incluso verbal, de asilado político? ¿Qué término reservamos entonces para quienes tienen que escapar de regímenes probadamente totalitarios porque allí son perseguidos por actos o dichos que no figuran en los Códigos Penales de ninguna democracia (a diferencia de delitos como el abuso sexual o la violación, que sí están en todos)? ¿No supone poner en riesgo considerable la coherencia democrática y de las relaciones internacionales, el descolocar y desnaturalizar un concepto tan fundamental como el asilo político aplicándolo a casos como el primero citado?

¿No habría que aprovechar el enorme interés que está suscitando el caso Assange para centrar precisamente algunos debates. Entre ellos y de manera prioritaria, porque, aunque a estas alturas ya casi no lo parece, de eso se trata en este asunto, el de la violencia sexual contra las mujeres? ¿No habría que abordar la multiplicación de escándalos sexuales, abusos, violaciones contra mujeres que implican ahora mismo a hombres poderosos y/o famosos? ¿No es significativa la manera en que estos asuntos se presentan últimamente ante la opinión pública; ese situar enseguida en un segundo plano las agresiones sexuales en sí, para colocar en primerísimo otras consideraciones que diluyen o trastornan la lógica de las responsabilidades? O por preguntarlo de otro modo: ¿no se está convirtiendo en una tipología de defensa, en estos casos, el transformar al presunto autor de un delito de violencia sexual, en una víctima de otra cosa: persecución, conspiración, censura políticas? ¿No es acaso la libertad sexual de las mujeres un ingrediente básico de la libertad sin más, es decir, un fundamento de la condición democrática? Y entonces, ¿no constituye otra temeridad política y social relegarla al arcén o al trastero de los debates públicos, sobre todo cuando esos debates se implican, como ahora, en asuntos tan serios como la libertad de expresión?

¿Y no habría que aprovechar este momento para reparar el concepto mismo de libertad de expresión, que debe de estar bastante averiado cuando se utiliza para atacar o poner en duda las garantías y los tribunales de las democracias más consolidadas, y no para cuestionar Gobiernos o regímenes que dejan, en materia de derechos y libertades ciudadanas, mucho que desear? ¿Más que averiado cuando, en nombre de la transparencia, extiende las cortinas de humo?

Artículo aparecido en la edición vasca de El País.