Solicitamos un pago centralizado en el Estado y las Comunidades Autónomas y una tarifa que nos garantice una remuneración justa por el uso de nuestras obras
Como asociación de escritores, nos hemos sumado a la solicitud que mediante carta abierta apela a un cambio en la legislación que regula el préstamo público de nuestros libros, con el fin de obtener una remuneración justa por el uso que de ellos se hace en bibliotecas.
En el escrito se propone, por un lado, un pago centralizado a cargo del Estado y las Comunidades Autónomas; y, por otro, una tarifa no simbólica que garantice una remuneración adecuada, acorde con la de otros países europeos.
El texto de la carta abierta, que se hará llegar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y a las consejerías de Cultura, es el siguiente:
Escritores y traductores, por una remuneración justa para el préstamo público
Los escritores y traductores tenemos reconocidos a nivel europeo, en virtud de la Directiva 92/100, el derecho a ser remunerados por el préstamo de nuestros libros en bibliotecas e instituciones similares. Sin embargo este derecho no está siendo efectivo en España, lo que supone una clara discriminación respecto a nuestros colegas de otros países de la Unión Europea.
Es preciso, a ese respecto, tener muy claro que esta remuneración se genera como consecuencia de una excepción puntual al derecho de autor, una figura jurídica que podemos asemejar a una especie de expropiación a la propiedad intelectual de los creadores.
Es la propia Unión Europea quien reconoce, por una parte, que cualquier esfuerzo creativo y artístico exige unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos trabajos y, por otra, que solo una regulación adecuada permite garantizar esta remuneración.
Lo cierto es que la legislación española no ha sido capaz de garantizar esta remuneración y los autores y editores llevamos casi 25 años sin una normativa justa, equilibrada y eficiente en la materia.
Mientras tanto, en la mayor parte de los países europeos llevan más de diez años reconociendo este derecho y aplicando políticas activas para que autores y traductores reciban la remuneración que les corresponde. La realidad en España es muy distinta: se aprobó primero una ley y luego un reglamento que imposibilitan de hecho que los autores reciban este pago. Primero porque sitúa en los ayuntamientos la obligación de remunerar ese derecho, lo que supone acudir a cada uno de ellos a hacer efectiva la remuneración (algo que, en la práctica, lo imposibilita) y, en segundo lugar, por la escasa cuantía de la misma, más de cien veces por debajo de las de países como Italia o Polonia y más de mil respecto a las de Francia o Alemania.
Cuando desde todos los ámbitos se está planteando la necesidad de homogeneizar la legislación de tal modo que iguale en derechos a los ciudadanos de los distintos países de la Unión, es un contrasentido la situación que los autores vivimos en España.
Por este motivo demandamos un cambio urgente en la legislación de nuestro país para adecuarla al mandato europeo, con el fin de que los autores seamos remunerados justamente por el préstamo público de nuestros libros. Para ello proponemos:
- Un pago centralizado a cargo del Estado y las Comunidades Autónomas, que se responsabilizarán de la información.
- Una tarifa no simbólica que garantice una remuneración adecuada, acorde con la de otros países europeos.
Entidades firmantes
La carta abierta ha sido firmada por otras asociaciones. Son las siguientes: Asociación Colegial de Escritores (ACE), Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG), Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya (ACEC), Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Asociación de Autores Científico-Técnicos y Académicos (ACTA) y ACE Traductores (ACEtt).
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